Cristian Antonio Cooz. -Tan sólo en el estado Carabobo, son aproximadamente 113 ONG cuyo trabajo humanitario está en riesgo por la regulación que obliga a revelar lista de donantes ante el Gobierno Nacional.
Las organizaciones que integran el Grupo Interdisciplinario de la Emergencia Humanitaria Compleja, exigieron la derogación de la providencia administrativa N° 001-2021 que amenaza con multas, cárcel y revocación de credenciales.
Según dijo en rueda de prensa la Presidenta de la Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama, (Funcamama), Luisa Rodríguez Táriba «entre las más de 663 organizaciones que firmaron para exigir que cese el hostigamiento del gobierno a través de esta providencia, están organizaciones internacionales solidarias con Venezuela y porque también están muy preocupados de cómo le puede afectar a ellos en la región».
Como ya se sabe, según Gaceta Oficial N° 42.098 del 30 de marzo, el registro tendrá que ser presentado antes del 1° de Mayo en la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior Justicia y Paz.
«Acto inconstitucional y de criminalización de las ONG»
La presidenta de Funcamama Luisa Rodríguez Táriba, aseveró además que esta providencia del gobierno «se inscribe en los patrones de criminalización sistemática contra las organizaciones de la sociedad civil, intensificado durante el último año, y sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora, con el claro propósito de cerrar el espacio cívico mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil para continuar defendiendo los derechos y prestando la debida asistencia y la protección».
Recalcó además Luisa Rodríguez Táriba, que esto representa un acto inconstitucional, de extralimitación legal.
Más sufrimiento para los venezolanos
Aseveró que por consiguiente, «dado que la aplicación de esta providencia administrativa es inaceptable, y traerá mayor sufrimiento para la población venezolana severamente afectada por las graves violaciones de Derechos Humanos, la pandemia del Covid-19 y la emergencia por la emergencia multidimensional que atraviesa el país desde hace varios años, exigimos el cese inmediato y la derogación de las políticas de criminalización y persecusión».
Reiteró que es grave el quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, que son de obligatorio cumplimiento.
Destacó que estas instituciones siempre han trabajado con permiso del Gobierno Nacional, «lo que quiere decir que el gobierno sabe muy bien quienes somos las organizaciones, dónde estamos ubicadas y qué es lo que estamos haciendo (…), el hecho de que las organizaciones dejen de prestar sus servicios afecta personas que son beneficiadas por estas acciones», dijo la presidenta de Funcamama.
Afectará hasta a los que reparten arepas
Puntualizó que esta providencia que criminaliza a las ONG, afectará a la mayoría de las organizaciones, las cuales incluso aún no comprenden el alcance de esta providencia.
«Todavía se cree que las organizaciones que van a ser afectadas son sólo aquellas que reciben cooperación internacional, pero esto es una providencia que está afectando la operatividad y la sostenibilidad de todas las organizaciones. Hasta aquellas organizaciones que reparten arepas en las comunidades, serán cercenadas en su derecho a prestar ayuda humanitaria», dijo.
Destrucción de ONG aumentará la migración forzosa
Destacó que la extinción o destrucción de las ONG con las acciones del gobierno, daría como resultado el aumento de la migración forzosa.
Esto se debe a que estas personas perderían el apoyo que reciben por parte de las ONG en salud, alimentación, educación. Y en otras áreas de Derechos Humanos, buscaría emigrar del país.
