Representantes de diversos gremios, sindicatos y movimientos de trabajadores del estado Carabobo se concentraron este lunes ante la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga, en Valencia. El motivo de la movilización fue exigir una respuesta inmediata al pliego conflictivo introducido el pasado 26 de febrero, el cual, tras casi un mes, sigue sin recibir atención por parte de las autoridades laborales.
Maritza Colmenares, representante del espacio gremial universitario y del movimiento de trabajadores de Carabobo, fue enfática al señalar que la paciencia de la clase obrera se ha agotado. «Hacemos presencia una vez más para exigir respuesta a los 17 puntos fundamentales de nuestro documento. El silencio de las instituciones es inaceptable para los trabajadores y sus familias».
Entre las peticiones principales destacan el ajuste de salarios y pensiones ajustadas a la realidad económica del país, la libertad de los sindicalistas detenidos por protestar y el cese de la persecución contra quienes expresan su descontento tras cuatro años sin aumentos salariales dignos.
Jubilados y pensionados: sobrevivir con bajos ingresos
La situación de los jubilados, pensionados y sobrevivientes fue uno de los puntos más críticos de la jornada. Los voceros denunciaron que el sector vive una realidad de hambre, donde los ingresos actuales —equivalentes aproximadamente a 0.30 centavos de dólar— monto, insuficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicinas o transporte.
«La situación de quienes entregaron su vida al trabajo es igual o peor que la de los activos. Es indigno que quienes tienen el conocimiento para ayudar a reconstruir el país estén pasando hambre», reiteró la dirigente.
El desmantelamiento de las contrataciones colectivas
Los dirigentes denunciaron que los beneficios logrados durante años a través de la contratación colectiva han sido sistemáticamente recortados. Se detalló cómo primas que representaban el 60% del salario fueron reducidas al 30%, y beneficios de salud y escalafón (que llegaban al 85%) han sido drásticamente disminuidos, afectando la calidad de vida de todos los sectores.
Recordaron que desde noviembre de 2022 se introdujo una normativa laboral ante el Ministerio del Trabajo buscando una nueva contratación colectiva, pero la respuesta gubernamental ha sido la evasión. «Han transcurrido años y no hemos visto voluntad política para resolver el estudio económico de este contrato», dijo.
Exigencia constitucional: Artículo 91
El llamado de los trabajadores en Carabobo es claro: el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional, específicamente de los artículos 89 y 91. Este último establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas.
«Un salario de 130 bolívares es una burla. La reconstrucción de Venezuela pasa por trabajadores sin hambre y con salud», expresó Colmenares, asegurando que los gremios se mantendrán en las calles de manera legítima hasta que sus peticiones sean escuchadas y procesadas por la Inspectoría del Trabajo.
Redacción y Foto: Ruth Laverde
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