Un grupo de socios del Instituto de Protección de los Jubilados de la Universidad de Carabobo ha expresado su preocupación ante la reciente convocatoria para las elecciones de la Junta Administradora programada para el 29 de enero. Este proceso electoral ha suscitado controversia debido a alegaciones sobre la falta de cumplimiento con los estatutos que rigen al instituto.
Las elecciones fueron inicialmente convocadas el 11 de diciembre; sin embargo, un día antes del evento, el proceso fue suspendido sin una explicación formal. Según los socios, lo apropiado habría sido convocar a una asamblea para informar sobre las razones detrás de esta suspensión y ratificar o no a la Comisión Electoral previamente designada, una elección que presuntamente se realizó con escasa participación.
A pesar de esta situación, se anunció recientemente que las elecciones se llevarán a cabo el próximo miércoles. Este anuncio ha generado descontento entre los socios, quienes consideran que no se han respetado los procedimientos establecidos. Por ello, están solicitando no solo la suspensión del proceso electoral actual, sino también la convocatoria a una nueva asamblea donde se evalúe la continuidad de la Comisión Electoral y se proporcionen nuevos plazos para el registro y ratificación de candidaturas.
Los socios enfatizan que su petición no es un asunto político, sino una cuestión fundamental relacionada con el respeto a los estatutos del instituto, que han sido vulnerados por la actual Junta Directiva y por la Comisión Electoral designada. Reiteran que en un contexto universitario que promueve la pluralidad y los valores democráticos, es esencial garantizar procesos transparentes y participativos.
El Instituto de Protección de los Jubilados agrupa principalmente a jubilados de la Universidad de Carabobo, quienes representan aproximadamente el 90% de sus miembros. La solicitud es clara: detener el proceso electoral previsto para el 29 y permitir que todos los socios tengan voz en una nueva asamblea para definir el rumbo del instituto.
