Luis Alejandro Gadea – Una exhaustiva investigación que realizan las autoridades de EEUU, sobre cómo funciona el sistema de corrupción en Venezuela en manos del gobierno chavista, ha sacado a la luz pública el nombre de la diputada opositora de la Asamblea Nacional, Tamara Adrián.
La información sobre la investigación que realiza el Departamento de Justicia y que data de 2012, fue revelada por los periódicos Miami Herald y el Nuevo Herald, citando un documento enviado por las autoridades de Estados Unidos al gobierno de Suiza, a quienes se les solicitó colaborar en la indagación.
De acuerdo a la investigación, la parlamentaria de Voluntad Popular certificó a través de su empresa Adrián & Adrián, la legalidad de una serie de préstamos a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), esquema que la justicia estadounidense dice que fue utilizado para malversar $4,500 millones.
De esta manera, la parlamentaria del partido político de Leopoldo López y Juan Guaidó, fue la responsable de dar “luz verde” desde el punto de vista jurídico, para que se defalcara a la principal empresa estatal de Venezuela.
Los documentos oficiales a los cuales obtuvieron acceso ambos periódicos, indican que el asunto es considerado como el mayor caso de corrupción chavista registrado hasta febrero de 2020.
De acuerdo a la información publicada por los periodistas Antonio María Delgado y Jay Weaver, especializados sobre temas de Venezuela, una opinión legal escrita por Tamara Adrián en el año 2012, concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos.
Estas operaciones presuntamente permitieron a los banqueros venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto volverse inmensamente ricos, con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Beaumont.
De acuerdo al informe del Departamento de Justicia, se detectó la existencia del desfalco al sistema cambiario venezolano, así como un sistema de lavado de dinero, que involucraba “un contrato de préstamo fraudulento firmado entre PDVSA y varias compañías de maletín” en el mes de marzo del 2012.
El documento oficial de la investigación norteamericana, señala que “los hermanos Luis e Ignacio Oberto (…) sirvieron como los beneficiarios de los contratos de varios miles de millones de dólares. Las investigaciones apuntan a que este esquema de malversación del sistema cambiario venezolano no era más que un mecanismo para desfalcar las reservas en moneda extranjera de Venezuela y lavar sus beneficios”.
El reporte publicado por ambos periódicos de Estados Unidos, explica detalladamente cómo se realizó el proceso de defalco a PDVSA:
La estatal petrolera recibía un préstamo en bolívares para sus operaciones dentro de Venezuela y al cabo de pocas semanas pagaba los créditos en dólares, haciendo uso del tipo de cambio oficial, el cual era entre 5 y 10 veces más bajo que el tipo de cambio utilizado en el mercado libre.
Bajo el esquema, un individuo podía convertir 6 millones de bolívares en un millón de dólares, y luego convertir ese millón de dólares en 60 millones de bolívares, resalta otro de los documentos del Departamento de Justicia entregado a las autoridades suizas.
El beneficio final luego era movilizado a través de compañías de maletín y eventualmente lavado, según las investigaciones.
Los periodistas que publicaron la información, indicaron que personas familiarizadas con la operación, señalaron que “el informe de la firma Adrián & Adrián fue utilizado por los presuntos conspiradores para convencer a empresas venezolanas y transnacionales a participar en operaciones cambiarias a futuro, donde pagaban bolívares por adelantado a cambio de dólares que obtendrían en una futura fecha, a un tipo de cambio ligeramente inferior al tipo de cambio de libre mercado de la época”.
Por último, se indicó que de esta manera, los potenciales clientes estaban siendo convencidos de que no obtendrían problemas legales en un futuro de participar en la transacción.
Tamara Adrián respondió: Soy inocente
Luego de hacerse pública la información, la diputada admitió haber emitido la aprobación legal, al tiempo que indicó que la misma se produjo de conformidad con lo establecido en el marco jurídico vigente para aquella fecha.
“Nunca estuve involucrada ni en la negociación directa del contrato ni en su ejecución práctica. Otros abogados, incluyendo la Consultoría Jurídica de PDVSA y firmas privadas, confirmaron esta opinión jurídica y la legalidad de la operación que me fue consultada”, afirmó en uno de los tweets publicados sobre el caso.
Por último, la dirigente de Voluntad Popular rechazó que se le pretenda involucrar en hechos, en los que según ella, no tiene ninguna responsabilidad.
The scheme involved having wealthy Venezuelans lend money in bolivars to state-owned PDVSA. The loans were then repaid in U.S. dollars at a highly favorable exchange rate. https://t.co/GsCDU4GkND
— Miami Herald (@MiamiHerald) February 10, 2020
Un reporte del periódico @MiamiHerald indica que la diputada de @VoluntadPopular en 2012 certificó a través de su empresa Adrián & Adrián, la legalidad de una serie de préstamos a @PDVSA, esquema que la justicia estadounidense dice que fue utilizado para malversar $4,500 millones
— Luis Alejandro Gadea (@L2322) February 11, 2020
3/9 Tomando en consideración la legislación vigente en esa época expresé que, sometido al cumplimiento de las condiciones y requisitos explicados en la misma, el pago así hecho no estaba en contravención con el ordenamiento jurídico cambiario y legal de ese momento.
— TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 11, 2020
Más información en: Opositora venezolana vinculada al mayor caso de corrupción chavista registrado hasta ahora
